Lo que los Periodistas Dicen — y lo que el Gobierno Preferiría que No Dijeran
Hay un tipo de silencio institucional que los periodistas conocemos bien. No es el silencio del secreto bien guardado ni el de la información clasificada. Es el silencio administrativo: ese momento en que mandas una solicitud de audiencia, recibes el acuse automático y luego… nada. El funcionario no niega. No justifica. Simplemente no aparece. Y tú, del otro lado, te quedas con un número de folio y la certeza de que el sistema está diseñado para agotarte.
Eso es lo que la Ley de Audiencias —en teoría— debería impedir. Y es exactamente lo que los periodistas mexicanos más críticos llevan años documentando, denunciando y analizando desde sus tribunas.
Por Qué Esta Conversación Importa
La relación entre el periodismo y la Ley de Audiencias no es casual ni periférica. Es estructural. Los comunicadores, los reporteros de investigación, los analistas políticos son —junto con las organizaciones civiles— quienes más frecuentemente intentan usar este mecanismo y quienes con mayor precisión pueden documentar cuándo falla y por qué.
No es solo que necesiten acceso a funcionarios para hacer su trabajo, aunque eso también. Es que la Ley de Audiencias toca directamente el núcleo de lo que hace posible el periodismo de calidad en un país democrático: el acceso a la información de primera mano, la posibilidad de confrontar versiones oficiales con la realidad, el derecho a preguntar sin que preguntar sea un acto de rebeldía.
Waisbord (2000) lo planteó con claridad en su análisis del periodismo latinoamericano: «la capacidad del periodismo para ejercer su función de watchdog depende, en gran medida, de la existencia y aplicación efectiva de marcos normativos que garanticen el acceso a fuentes oficiales.» La Ley de Audiencias es exactamente ese marco. O debería serlo.
Las Voces que Han Dicho lo que Hay que Decir
En México, varios periodistas de trayectoria reconocida han abordado este tema — no siempre con ese nombre exacto, pero sí con la sustancia que le corresponde.
Carmen Aristegui, cuya trayectoria en periodismo de investigación la coloca en una posición de autoridad difícil de disputar, ha señalado en múltiples ocasiones que el acceso a la información oficial en México sigue dependiendo más de las relaciones personales con funcionarios que de los mecanismos legales formales. En entrevistas y análisis publicados en Aristegui Noticias, ha documentado cómo las solicitudes formales —tanto de información como de audiencia— son frecuentemente neutralizadas por una burocracia que sabe perfectamente cómo cumplir la forma sin cumplir el fondo.
Esa distinción —forma versus fondo— es más importante de lo que parece. Puedes tener un sistema impecable de registro de solicitudes, plazos formalmente respetados con respuestas automáticas, portales modernos y ventanillas digitales, y aun así no tener acceso real a nada. El sistema aprende a aparentar.
Javier Solórzano Zinser, periodista y analista político con décadas de trabajo en medios nacionales, ha sido más directo en su crítica al señalar que la institucionalización del acceso ciudadano en México ha creado una paradoja: entre más formalizados están los mecanismos, más fácil resulta para las instituciones escudarse en procedimientos para evitar el contacto real. «El trámite —dijo en una de sus columnas de análisis— se convirtió en el mejor aliado del funcionario que no quiere ser encontrado.»
Eso resuena. Mucho.
El Periodismo de Investigación Como Termómetro
Hay algo que creo firmemente: el estado real de la Ley de Audiencias en México no lo miden los informes oficiales. Lo miden las notas que los periodistas de investigación publican cuando logran —contra toda resistencia burocrática— llegar a algo concreto. Y también las que no publican porque nunca llegaron a ningún lado.
El trabajo de medios como Animal Político, Proceso o Quinto Elemento Lab ha documentado sistemáticamente cómo las dependencias federales y estatales manejan —o más bien evaden— las solicitudes de acceso, tanto de información como de audiencia. Sus metodologías de seguimiento, que en algunos casos incluyen el mapeo sistemático de respuestas a solicitudes de transparencia, funcionan como un barómetro independiente del funcionamiento real del sistema.
En el informe «El derecho a saber en México: avances y retrocesos», publicado por organizaciones aliadas al periodismo de datos, se documentó que las dependencias con mayor índice de incumplimiento en solicitudes de audiencia son precisamente las que manejan mayor presupuesto y menor escrutinio público. No es un dato inocente. Hay una correlación entre el poder que se ejerce sin rendir cuentas y la impunidad con que se ignoran los mecanismos de acceso ciudadano.
La Tensión Entre el Gremio y el Estado
El periodismo mexicano tiene una relación tensa, contradictoria y a veces peligrosa con el Estado. Eso no es nuevo. Lo que sí ha cambiado en los últimos años es la naturaleza de esa tensión cuando se trata específicamente de mecanismos como la Ley de Audiencias.
En el pasado — digamos, antes del 2000 — la negación de acceso era abierta, casi descarada. El periodista preguntaba y el funcionario simplemente no respondía, sin mayor drama ni procedimiento. Hoy la cosa es más sofisticada. Hay respuestas. Hay formularios. Hay funcionarios de comunicación social que te reciben, te sonríen y te dicen que van a canalizar tu solicitud. Y después… el mismo silencio de siempre, pero con mejor presentación.
Sallie Hughes (2006), en su investigación sobre la transformación del periodismo mexicano tras la democratización, identificó este fenómeno con precisión: «la apertura formal del sistema político mexicano creó nuevas formas de control de la información, más sutiles que las del autoritarismo clásico pero igualmente efectivas para limitar el acceso periodístico a las fuentes de poder.» Eso es exactamente lo que muchos colegas experimentan hoy.
Y aquí añado algo personal, desde mi propia experiencia como comunicador: la frustración no viene tanto del rechazo explícito. Viene de la indefinición permanente. Del «ahorita lo revisamos» que nunca termina. De la reunión que se pospone tres veces y a la cuarta ya no tiene sentido. Eso no lo recoge ningún indicador de transparencia. Pero es la realidad de intentar ejercer el derecho de audiencia en México en 2025.
Lo Que el Gremio Periodístico Debería Exigir
Creo que hay tres cosas concretas que el periodismo mexicano —como gremio, no solo como individuos— debería empujar con más fuerza en relación con la Ley de Audiencias:
- Sanciones reales y expeditas para los funcionarios que sistemáticamente incumplen con las solicitudes de audiencia, especialmente cuando el solicitante es un medio de comunicación o un periodista ejerciendo su función pública.
- Transparencia sobre el propio sistema: que las dependencias publiquen periódicamente cuántas solicitudes de audiencia reciben, cuántas atienden, en qué plazos y con qué resultado. Hoy esos datos existen en teoría —el INAI puede solicitarlos— pero no están disponibles de forma proactiva.
- Protección reforzada para periodistas que, al ejercer el derecho de audiencia, enfrentan represalias indirectas — desde la negación permanente de acceso hasta la exclusión de conferencias de prensa o eventos oficiales.
Esto no es idealismo. Es lo mínimo que un marco democrático real debería garantizar a quienes tienen la función social de informar. Dreyfus (2011) argumentó que «sin periodistas que puedan acceder libremente a las instituciones, la transparencia se convierte en un monólogo oficial, no en un diálogo público.» Y México, hoy, está más cerca del monólogo que del diálogo.
El Ruido que Vale la Pena Hacer
Termino con esto, y lo digo con convicción: el periodismo que ejerce su derecho de audiencia —que insiste, que documenta las negativas, que hace públicos los silencios institucionales— es uno de los ejercicios más importantes de resistencia democrática que existen.
No es glamoroso. No genera la adrenalina de un reportaje de investigación con fuentes filtradas y documentos secretos. Pero la suma de todas esas solicitudes formales, de todos esos folios acumulados, de todas esas negativas documentadas, construye algo que el poder le teme más que a cualquier denuncia: un registro sistemático de su propio incumplimiento.
Eso es lo que los periodistas que se toman en serio la Ley de Audiencias están haciendo. Y merece mucho más reconocimiento del que reciben.
Referencias Bibliográficas
- Aristegui Noticias. (2023). Acceso a la información oficial: los silencios del gobierno. https://aristeguinoticias.com
- Dreyfus, P. (2011). Periodismo, democracia y acceso a la información pública en América Latina. FLACSO.
- Hughes, S. (2006). Newsrooms in conflict: Journalism and the democratization of Mexico. University of Pittsburgh Press.
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (2023). Informe anual de labores 2022–2023. INAI. https://home.inai.org.mx
- Waisbord, S. (2000). Watchdog journalism in South America: News, accountability, and democracy. Columbia University Press.
